EE. UU. contrata empresas privadas para perseguir y cobrar multas millonarias a migrantes deportados
La administración estadounidense amplía el alcance de su aparato represivo al contratar cobranza privada en territorio centroamericano. Pretenden arrebatar 423 millones de dólares a más de 66,000 migrantes ya expulsados.
Fuente: Fuente: Registros de contratación federal de EE. UU., organizaciones de derechos de migrantes y monitoreo internacional
TEGUCIGALPA, 21 septiembre — La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) adjudicó contratos a firmas privadas de cobranza para rastrear, ubicar y exigir el pago de multas civiles a miles de personas que ya fueron deportadas a Honduras, Guatemala y México.
El plan pretende recuperar un estimado de 423 millones de dólares en sanciones financieras acumuladas por más de 66,300 migrantes expulsados de territorio estadounidense. Mediante acuerdos comerciales que superan los 36 millones de dólares, las empresas contratadas emplearán métodos de rastreo local —incluyendo toma de fotografías de viviendas, verificación de recibos de servicios públicos y monitoreo de registros laborales en los países de origen— para forzar el cobro.
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Mecanismos de asfixia y persecución económica Las sanciones impuestas se fundamentan en la aplicación retroactiva e intensificada de penalizaciones que pueden alcanzar hasta 1,000 dólares por cada día que la persona permaneció en suelo estadounidense tras una orden de salida. Esto ha generado deudas inventadas que oscilan entre miles y millones de dólares por individuo.
Organizaciones de derechos humanos han calificado la medida como un acto de crueldad extrema y chantaje institucionalized, orientado a aterrorizar a comunidades vulnerables que regresan al país sin patrimonio ni acceso al sistema bancario. Además, el gobierno estadounidense amenaza con que el impago de estas "deudas" bloqueará de forma permanente cualquier trámite migratorio futuro.
Complicidad e inacción gubernamental El despliegue de cobradores y agentes privados extranjeros operando para ubicar a ciudadanos en barrios y colonias hondureñas evidencia una grave vulneración de la soberanía nacional. Pese a que los retornos forzados continúan saturando la frágil economía popular, el Poder Ejecutivo no ha emitido pronunciamiento ni medidas de protección diplomática frente al acoso financiero que sufrirán los deportados en territorio nacional.
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