PGR acusa de traición a la patria a directivos de ZEDE Próspera por usurpar funciones del Estado

TEGUCIGALPA, 21 septiembre — La Procuraduría General de la República (PGR) interpuso una denuncia penal contra Jorge Constantino Colindres Castillo y Alberto A. Hernández Franks, operadores del proyecto privado ZEDE Próspera en el departamento de Islas de la Bahía, acusándolos de los delitos de traición a la patria y usurpación de funciones públicas en perjuicio del Estado de Honduras.

La medida legal responde a la juramentación efectuada el pasado 15 de septiembre, donde Colindres designó a Hernández Franks bajo la figura de "Fiscal Civil" de Próspera. Con este nombramiento, el enclave corporativo pretendía otorgarle atribuciones de carácter judicial, facultades para la ejecución forzosa de cobros tributarios y labores de resguardo del orden público; funciones cuya potestad corresponde exclusivamente a los poderes e instituciones legítimas de la República.

Desafío a la sentencia constitucional y la soberanía territorial La acción impulsada por la PGR se fundamenta en el fallo emitido por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el 20 de septiembre de 2024, el cual declaró inconstitucional el marco normativo de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) con efectos ex tunc (anulación desde su origen). Dicha sentencia dejó sin valor ni efecto jurídico los decretos de creación, el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP) y cualquier autoridad derivada de estas estructuras.

Pese a la nulidad absoluta dictaminada por el máximo tribunal del país, la cúpula de Próspera ha continuado operando como un miniestado privado, pretendiendo imponer estatutos propios, cobrar tributos y constituir órganos de juzgamiento paralelos. La PGR enfatizó que ningún capital extranjero u organización privada puede atribuirse competencias soberanas dentro del territorio nacional.

Exigencia de investigación y preservación de pruebas En la denuncia presentada ante el Fiscal General de la República, la institución estatal solicitó el inicio inmediato de las investigaciones penales correspondientes, así como el aseguramiento urgente de la evidencia documental y digital vinculada al ilegal nombramiento del "fiscal" corporativo. La Procuraduría confirmó además que se reservará el derecho de constituirse como acusador privado en representación de los intereses del pueblo hondureño.