Detienen a Luisa González en Manabí: Revolución Ciudadana denuncia persecución del régimen de Noboa

TEGUCIGALPA, 22 octubre — La madrugada de este jueves, fuerzas policiales detuvieron a Luisa González Alcívar, excandidata presidencial de Revolución Ciudadana, en la parroquia Canuto, cantón Chone, provincia de Manabí. El movimiento político y su equipo de defensa técnica denunciaron de inmediato una detención arbitraria e inconstitucional, y llamaron a la comunidad internacional a pronunciarse.

El expresidente Rafael Correa difundió las primeras alertas en sus redes. “Apresaron a Luisa González. ¡Ya basta!”, escribió, y más tarde compartió imágenes de la dirigente con el mensaje: “¡Increíble! ¡Fuerza, Luisa!”. Para Revolución Ciudadana, la captura forma parte de un patrón de judicialización contra la oposición bajo el gobierno de Daniel Noboa.

La Fiscalía General del Estado confirmó que ejecutó órdenes de detención en Pichincha y Manabí contra tres personas investigadas por presunto lavado de activos, con fines de formulación de cargos. No nombró a los detenidos en su comunicado oficial. Medios locales y reportes de agencias indican que González es una de las personas vinculadas a una investigación sobre financiamiento de campaña de 2023.

Desde sectores críticos al gobierno de Noboa se interpreta la acción como una medida política más que como un avance judicial independiente. La detención de la principal figura opositora de las últimas dos elecciones ocurre en un contexto de estados de excepción recurrentes, toques de queda en provincias costeras, denuncias de instrumentalización de la justicia contra alcaldes y líderes sociales, y cuestionamientos de organismos internacionales sobre el debilitamiento de controles institucionales. Revolución Ciudadana sostiene que la persecución busca neutralizar a la oposición en lugar de concentrar esfuerzos exclusivamente en las estructuras del crimen organizado.

El caso se suma a otras acciones judiciales que, según la oposición, han sido dirigidas de forma selectiva contra dirigentes y autoridades locales vinculados al correísmo, mientras el país mantiene altos niveles de violencia y la militarización de la seguridad pública.