Asesinan a defensor campesino de El Tulito en Choluteca tras desalojos bajo la Ley Agroindustrial

TEGUCIGALPA, 11 de noviembre — Cristian Josué Pastrana, de 23 años, campesino de la comunidad de El Tulito en Choluteca, desapareció el lunes y su cuerpo fue encontrado el martes en estado de descomposición cerca de los terrenos que su comunidad reclama desde hace décadas. MASSVIDA (Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida) lo denunció como defensor del territorio en un contexto de amenazas, hostigamiento y presencia policial para resguardar maquinaria y fumigaciones. El hallazgo ocurre tres meses después de que más de 200 agentes ejecutaran un desalojo masivo de 86 familias el 6 de agosto de 2026, ordenado por la jueza Ligia Paz Matamoros bajo la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial (Decreto 107-2026).

Las familias de El Tulito están asentadas desde aproximadamente 1964 en tierras de carácter nacional, usadas para cultivo de subsistencia y ganadería. El conflicto se judicializó en 2019 cuando Compañía Cañera del Sur y Agrícola Los Destellos del Sur —vinculadas a Azucarera La Grecia— presentaron denuncias por usurpación. Las empresas reclamaban extensiones mayores a las que sus títulos aparentemente respaldaban. Tres mujeres de la comunidad permanecieron privadas de libertad hasta 2025; decenas más enfrentan medidas cautelares u órdenes de captura. El desalojo de agosto se ejecutó sin notificación previa efectiva y pese a un recurso de amparo presentado la noche anterior. Tras la operación, organizaciones reportaron continuidad del hostigamiento policial y el ingreso de maquinaria de las empresas para preparar el terreno.

El Decreto 107-2026, aprobado en junio de 2026, declara de interés nacional y “inafectables” las tierras agroindustriales, prioriza sus trámites y facilita acciones rápidas contra ocupaciones. Fue impulsado por el bipartidismo del Partido Nacional y el Partido Liberal. Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, fue uno de sus principales promotores; la norma se tramitó con urgencia y sufrió modificaciones fuera del procedimiento regular. Expertos de la ONU advirtieron que la ley puede socavar derechos de reunión, acceso a la justicia, a la tierra y a la vivienda adecuada. Organizaciones campesinas la califican como instrumento de despojo que debilita la reforma agraria. En El Tulito esa arquitectura legal permitió convertir una disputa de décadas en desalojo prioritario.

Roberto Facussé figura como Director de Estrategia y Operaciones de la azucarera La Grecia; La familia Facussé es una de las redes económico-políticas más influyentes del país: Miguel Facussé consolidó el grupo Dinant en la palma africana del Bajo Aguán; Carlos Flores Facussé fue presidente de la República por el Partido Liberal. Roberto no ostenta un cargo de elección popular en la actualidad, pero pertenece a esa misma red con peso histórico en el liberalismo y en el empresariado. El control accionario de La Grecia ha estado ligado a Grupo Pantaleón (conglomerado azucarero guatemalteco de la familia Herrera) y a Guillermo Lippman como principal y presidente. Pantaleón tomó el control mayoritario alrededor de 2008; algunas fuentes señalan que vendió parte de las acciones en 2019, aunque el vínculo operativo e histórico se mantiene.

A Miguel Facussé se le ha señalado en relación con el asesinato de Carlos Escaleras Mejía, líder ambiental y candidato a alcalde de Tocoa, ejecutado en 1997 en el Bajo Aguán en un contexto de disputa por tierras y proyectos agroindustriales. El caso permanece en la impunidad. Por eso, que el asesinato de Cristian Josué Pastrana en El Tulito —territorio donde operan empresas vinculadas a La Grecia y a la misma red familiar— se asocie a esos intereses no constituye una novedad. Es la continuidad de un patrón en el que la violencia contra campesinos y defensores de la tierra ha coincidido con la expansión de los grupos de la familia Facussé, sin que el Estado haya desmantelado esas redes ni investigado con seriedad las denuncias.

Honduras registra más de 70 asesinatos de defensores de tierra y ambiente desde 2020, con impunidad superior al 90 %. MASSVIDA ha documentado amenazas y asesinatos previos de sus integrantes en el sur. Cuando la policía se moviliza con rapidez para desalojos y resguardo de maquinaria, mientras los crímenes contra campesinos quedan sin investigación seria, la selectividad deja de ser un fallo y pasa a ser una política. El asesinato de Pastrana ocurre en el mismo territorio donde el Congreso blindó las tierras del ingenio, donde los jueces aplicaron la nueva ley y donde las empresas vinculadas a la red Facussé y a Pantaleón buscan consolidar el monocultivo.

En un país donde el 1 % de las corporaciones agroindustriales controla cerca de un tercio de las tierras cultivables, el caso de El Tulito muestra cómo se sostiene esa concentración: con el Congreso de Zambrano, con la red Facussé en la dirección del ingenio y con la impunidad que sigue cubriendo a quienes matan a los que se oponen.