PGR simula diálogo y ataca a OFRANEH para encubrir su incumplimiento de las sentencias de la Corte IDH
La Procuraduría General de la República recurre al chantaje mediático contra la organización indígena, intentando trasladar la culpa al pueblo garífuna mientras el Estado perpetúa el despojo territorial y la impunidad en Cayos Cochinos.

Fuente: Comunicados de la Procuraduría General de la República (PGR), pronunciamientos de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y sentencias de la Corte I
TEGUCIGALPA, 23 septiembre — En una abierta maniobra de desinformación y control de daños, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió un emplazamiento público contra la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), responsabilizándola por la no realización de una "mesa de trabajo" orientada al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el caso de Cayos Cochinos.
El señalamiento del ente estatal, amplificado de inmediato por la prensa corporativa, pretende presentar a la dirigencia garífuna como "intransigente", ocultando la falta de voluntad política real por parte del Estado hondureño para sanear las tierras ancestrales y frenar la privatización turística en la zona.
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Simulación institucional y chantaje mediático El recurso de convocar a "mesas de diálogo" de fachada ha sido una táctica histórica de los sucesivos gobiernos para fingir avance ante la comunidad internacional sin ejecutar acciones concretas de restitución. OFRANEH ha denunciado de manera reiterada que estas convocatorias carecen de garantías de seguridad para los líderes comunitarios, ignoran la consulta previa, libre e informada, y buscan validar procesos burocráticos que no resuelven la expulsión de las comunidades de sus territorios pesqueros y ancestrales.
La deuda estructural con el pueblo garífuna Las condenas de la Corte IDH contra el Estado de Honduras —que abarcan los casos de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y la vulneración de derechos en Cayos Cochinos— exigen la delimitación, titulación y saneamiento inmediato de los territorios. Lejos de frenar la ocupación por parte de inversionistas privados y cadenas de turismo extractivo, el aparato estatal utiliza la vía administrativa para dilatar la entrega de títulos comunitarios, criminalizando a la resistencia territorial cuando se niega a prestarse a la simulación gubernamental.
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