Magnate acusado de daños ambientales en Honduras es el mayor donante de la congresista Salazar

TEGUCIGALPA, 26 octubre — El mayor donante de la congresista republicana por Florida María Elvira Salazar en el ciclo electoral actual es el empresario hondureño Lenir Alexander Pérez Solís, acusado por la Fiscalía Especial del Medio Ambiente de delitos de explotación ilegal de recursos naturales y daños ambientales en el Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía”, en Tocoa, Colón. Pérez, quien sostiene su inocencia y se defiende en libertad con medidas cautelares, contribuyó este año con unos 105.000 dólares a comités conjuntos de Salazar, 7.000 dólares adicionales a su comité de candidatura y 88.000 al Comité Nacional Republicano del Congreso, según registros de financiamiento de campañas estadounidenses.

Pérez preside el Grupo EMCO Holding, conglomerado con intereses en minería (Inversiones Los Pinares y Ecotek), aeropuertos, energía y logística. Está casado con Ana Isabel Facussé Madrid, hija del fallecido magnate Miguel Facussé Barjum, fundador de Corporación Dinant y figura central de conflictos agrarios en el Bajo Aguán. El propio parque nacional lleva el nombre del ambientalista Carlos Escaleras Mejía, asesinado en 1997 en un conflicto relacionado con una planta extractora de palma de Facussé. Es de conocimiento público las conexiones empresariales de la familia Facussé con empresas como Alutech, EMCO, ADIMEX y la concesión de Palmerola International Airport, además de participaciones en otros sectores.

Gran parte del crecimiento de EMCO se produjo mediante concesiones públicas durante el gobierno de Juan Orlando Hernández (Partido Nacional), incluyendo el contrato de 2016 para construir y operar el Aeropuerto Internacional Palmerola (PIA) por 30-35 años y más de 200 millones de dólares. El proyecto se inauguró incompleto en 2021, con sobrecostos superiores al 80 % según informes de la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas. Alutech, otra empresa del grupo, opera terminales de carga en aeropuertos hondureños y en El Salvador. Pérez también ha mantenido reuniones recientes con funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU. y publicó fotografías junto a Salazar en su finca ecuestre de Wellington, Florida, valorada en unos 10 millones de dólares y allanada por el FBI en 2023 en el marco de una investigación relacionada con una siderúrgica estadounidense y Los Pinares.

El proyecto minero Los Pinares, de extracción de óxido de hierro a cielo abierto, ha enfrentado oposición comunitaria durante más de una década. Entre 2019 y 2024 al menos cinco activistas ambientales y un líder católico fueron asesinados a tiros en la zona; el más reciente, el concejal Juan Antonio López, en septiembre de 2024. Diez días después, la fiscalía acusó a Pérez y otras personas por operaciones que habrían excedido límites permitidos entre 2013 y 2021. En 2024 el Congreso restableció los límites originales del parque, pero organizaciones locales temen que la norma no se aplique con rigor dado el peso del Partido Nacional, al que pertenece el actual presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, quien también aparece en fotografías de eventos con Salazar y Pérez. Pérez niega irregularidades y sostiene que sus operaciones generan empleo; el proceso penal continúa con audiencias postergadas.

Estos hechos ilustran el entramado de poder que une concesiones estatales de la era nacionalista, la familia Facussé, proyectos de alto impacto ambiental y financiamiento político en Estados Unidos. Mientras activistas que denunciaron la mina en territorio protegido han sido asesinados y el empresario enfrenta cargos ambientales, su capacidad de donar más de 100 mil dólares a una congresista que interviene en temas hondureños y de reunirse con altos funcionarios estadounidenses evidencia la continuidad de redes de influencia que priorizan intereses empresariales sobre la protección ambiental y la justicia.