Persecución política: capturan al dirigente de colectivos de Libre Melvin Cevallos en Tegucigalpa
La captura del coordinador de los colectivos de base bajo la acusación de "coacción y amenaza electoral" evidencia el uso selectivo del aparato punitivo para amedrentar a la oposición, justo cuando el Estado amplía sus facultades para criminalizar la protesta social y blinda de cualquier consecuencia a quienes, desde las instituciones, actuaron en favor del oficialismo.
Fuente: MP
TEGUCIGALPA, 22 de septiembre. — Agentes del Departamento de Operaciones Especiales de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), ejecutaron este martes una orden de captura contra Melvin Orlando Cevallos Umanzor, coordinador de los colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre), en el barrio El Bosque de Tegucigalpa.
La orden, emitida por el Ministerio Público el 21 de septiembre, imputa a Cevallos la presunta comisión del delito de "coacción y amenaza electoral en perjuicio de la Constitución de la República". Tras la detención fue remitido al Juzgado de Letras Penal de La Granja. Hasta el cierre de esta nota, el ente fiscal no había detallado los hechos concretos que sustentan la acusación. La captura se produce en un clima de creciente tensión política, con denuncias crecientes sobre el uso del sistema penal como herramienta de intimidación hacia la militancia de base, organizaciones populares que cada día se movilizan más en contra del actual regimen.
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Un patrón de justicia selectiva
La celeridad con la que actúa el aparato fiscal contra un dirigente popular contrasta con el trato recibido por quienes fueron señalados de manipular el proceso electoral de 2025. La acusación de "coacción electoral" contra Cevallos llega además apenas tres días después de que el gobierno de Nasry Asfura anunciara, el 19 de septiembre, la designación de tres organizaciones como "asociaciones terroristas", sin revelar todavía sus nombres.
Esa designación se ampara en el Decreto 84-2026, la reforma al Código Penal aprobada en mayo que amplió el concepto de "asociación terrorista" a estructuras que ejerzan "intimidación colectiva, violencia sistemática, control territorial o dominio social sobre comunidades". La propia ambigüedad de esa definición ya había sido denunciada en su momento por organizaciones campesinas e indígenas, que advirtieron que el texto podía usarse para criminalizar la protesta pacífica y la defensa de derechos fundamentales. Es ese mismo marco legal ampliado el que hoy habilita al Ministerio Público a perseguir con mayor discrecionalidad a liderazgos sociales como el de Cevallos.
El premio a quienes debilitaron la democracia
El aparato de justicia se activa contra la dirigencia popular, las dos consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) a las que Libre acusó de orquestar un "golpe de Estado electoral" durante el escrutinio de 2025 —Cossette López (Partido Nacional) y Ana Paola Hall (Partido Liberal)— concluyeron su gestión sin enfrentar consecuencia alguna y fueron recompensadas con sendas embajadas: López como representante de Honduras ante la OEA y Hall al frente de la embajada en España, ambas desde el 1 de julio, con licencia del Congreso por un año y sin perder sus curules en el CNE, para las que fueron electas hasta 2029. La propia designación fue cuestionada en el debate público: el analista Javier Sandoval la calificó como parte de "la repartición del pastel" entre las cúpulas partidarias.
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