Estrategia electoral del bipartidismo: Antonio Rivera niega la segunda vuelta y promueve mesas a la medida

TEGUCIGALPA, 23 septiembre — El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, desestimó públicamente la posibilidad de alcanzar los votos necesarios en el Congreso Nacional para aprobar la segunda vuelta electoral. Sin embargo, las declaraciones del dirigente derechista forman parte de una maniobra de distracción para imponer reformas electorales hechas a la medida de los intereses del régimen y sus aliados internacionales.

Detrás del discurso sobre la falta de consensos para el balotaje, el oficialismo empuja la denominada "ciudadanización" de las Juntas Receptoras de Votos (JRV). Lejos de democratizar el proceso, este mecanismo busca transferir la custodia de las urnas a sectores de la llamada "sociedad civil", estructuras financiada históricamente por la embajada de Estados Unidos y fundaciones privadas que responden a la agenda de la derecha continental.

El falso mito de la "sociedad civil" independiente Entregar la administración de las mesas electorales a ONGs tuteladas por agencias norteamericanas equivale a privatizar el arbitraje de los comicios. La estrategia desarticula la vigilancia política de las bases populares para sustituirla por observadores y receptores de votos alineados con el statu quo, garantizando un control técnico encubierto a favor de los grupos de poder económico.

Un debate viciado tras el despojo en los órganos electorales Cualquier discusión sobre transparencia o reformas institucionales resulta ilusoria mientras los entes rectores del proceso carezcan de pluralidad. El pacto bipartidista consolidó el control del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) mediante juicios políticos montados que expulsaron a los representantes de Libertad y Refundación (Libre). Con la oposición despojada de su representación legal en el arbitraje comicial, el discurso de la "ciudadanización" solo busca revestir de legitimidad una arquitectura electoral controlada desde el Ejecutivo y la diplomacia estadounidense.