Relatora de la ONU denuncia que juicios políticos en Honduras abren la puerta a la persecución y concentración del poder

TEGUCIGALPA, 27 octubre — La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, hizo pública una comunicación al Gobierno de Honduras en la que señala que el marco de juicios políticos y destitución de jueces, fiscales y autoridades independientes concentra facultades en el Congreso Nacional y deja abierta la puerta a la presión política.

El documento (OLHND7/2026), del 19 de octubre y difundido el 27, advierte que los motivos de destitución —“interés nacional”, negligencia, incapacidad o incompetencia— son amplios y poco definidos. Combinados con garantías procesales débiles y la ausencia de revisión judicial efectiva, permiten que el Legislativo investigue, enjuicie y resuelva sobre funcionarios cuya función exige independencia. La relatora recuerda que los jueces no pueden ser sancionados por decisiones adoptadas de buena fe y que estos procedimientos no deben convertirse en herramientas de represalia o intimidación.

El caso Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras, fallado por la Corte Interamericana en noviembre de 2023, ilustra el riesgo. En diciembre de 2012 el Congreso destituyó a cuatro magistrados de la Sala Constitucional por declarar inconstitucional la Ley de Depuración Policial. La Corte IDH calificó la medida como arbitraria, carente de competencia y de debido proceso, y como una desviación de poder destinada a castigar una decisión judicial. Ordenó adecuar el ordenamiento para proteger la estabilidad en el cargo. Esa reforma sigue pendiente. El mismo instrumento que se usó entonces permanece vigente.

Tras las elecciones de 2025 y la instalación del gobierno del Partido Nacional en enero de 2026, han proliferado llamados en el Congreso a iniciar procedimientos contra funcionarios judiciales y electorales vinculados a la administración anterior. La concentración de facultades en un Congreso con mayoría nacionalista y liberal convierte el juicio político en un mecanismo que puede activarse según la correlación de fuerzas del momento. La relatora pide información sobre cómo se garantizan la imparcialidad, la definición objetiva de los motivos y la protección de actos judiciales legítimos, y urge el cumplimiento de la sentencia Gutiérrez Navas.

En la práctica, un marco con estas características permite que la mayoría parlamentaria decida quién permanece en cargos que deben estar blindados frente a la política. La independencia judicial no es un formalismo: cuando el Congreso controla la investigación, el enjuiciamiento y la resolución, y los motivos son lo suficientemente elásticos, el resultado es la subordinación del Poder Judicial y del Ministerio Público a la coyuntura política. La carta de la relatora documenta exactamente ese riesgo de persecución selectiva y de concentración de poder.