Defensa de Redondo recusa a jueza nacionalista y suspende audiencia en caso de la Comisión Permanente

TEGUCIGALPA, 29 octubre — La defensa legal del expresidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo Guifarro, presentó una recusación contra la magistrada Anny Belinda Ochoa Medrano, jueza natural designada en la causa penal contra él y exintegrantes de la Comisión Permanente. El recurso obligó a suspender la audiencia de declaración de imputados programada para este jueves.

Los abogados Manuel Antonio Díaz Galeas, Juan Fernando Molina Godoy y Mario René Rojas Ramírez fundamentan la recusación en dos motivos. Primero, que Ochoa manifestó extrajudicial y públicamente una opinión parcializada al atribuirle un “inminente peligro de fuga”, en violación de su deber de abstenerse de expresar o insinuar juicio sobre asuntos que debe fallar (artículos 83 numeral 10 del Código Procesal Penal y 111 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales). Segundo, un conflicto de interés: Ochoa es militante pública del Partido Nacional, mientras Redondo es militante y dirigente de Libre, causal prevista en el artículo 188 numeral 9 de la LOAT.

La magistrada fue designada por el Pleno de la Corte Suprema el 20 de octubre para conocer el expediente V.P. 09-2026, que involucra a Redondo y otros por supuestos delitos de perturbación ilícita del funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios, relacionados con actuaciones de la Comisión Permanente. El 23 de octubre, en conferencia de prensa, Ochoa aludió al “inminente peligro de fuga” de quienes no se personaron, lo que la defensa cita como anticipo de criterio. El Pulso y otros medios han referido su filiación nacionalista; Cespad documentó previamente su vinculación al Partido Nacional en el proceso de selección de magistrados.

La presentación de la recusación (y otras similares de distintas defensas) suspendió la audiencia. Un tribunal de alzada deberá resolver si Ochoa continúa o es apartada. Redondo y el exgerente de la ENAG, Edis Antonio Moncada, enfrentan órdenes de captura y no comparecieron. Libre ha calificado el proceso como persecución política contra su bancada por defender el conteo de votos.

El caso ilustra los riesgos que señaló la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de los jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, en su comunicación al Gobierno de Honduras (OLHND7/2026). La relatora advirtió que el marco de juicios políticos y destitución, con motivos amplios y concentración de facultades en el Congreso, puede socavar la independencia judicial y convertirse en instrumento de presión política. El precedente de la sentencia de la Corte IDH en Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras (destitución arbitraria de magistrados por el Congreso en 2012) sigue pendiente de cumplimiento. Designar como jueza natural a una magistrada con filiación pública al partido que controla el Ejecutivo y el Legislativo, y que ya se pronunció extrajudicialmente sobre el riesgo procesal del acusado, alimenta la percepción de que el proceso responde a la correlación de fuerzas más que a criterios estrictamente jurídicos.

En un contexto de requerimientos fiscales selectivos contra opositores de Libre y de concentración de poder en el Congreso Nacional, la recusación pone en evidencia las tensiones sobre imparcialidad judicial. La independencia de los jueces no es un formalismo: cuando el juzgador anticipa criterios o pertenece al mismo espectro político que impulsa la causa, el derecho al juez imparcial —garantía básica del debido proceso— queda en entredicho.