Redondo denuncia persecución política por exigir conteo de votos y señala a Trump y al bipartidismo

TEGUCIGALPA, 21 octubre —Luis Redondo, expresidente del Congreso Nacional, denunció que las acciones en su contra son persecución política. En declaraciones difundidas por UNE TV, sostuvo que el motivo real es haber exigido el conteo total de las actas de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, un proceso marcado por inconsistencias y por la negativa del CNE a escrutar todas las actas en los tres niveles.

Redondo apuntó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a actores políticos y económicos nacionales, y a grupos vinculados con el narcotráfico. También cuestionó la situación del país: el alto costo de la energía eléctrica, el encarecimiento de los alimentos y el deterioro del sistema de salud. Reafirmó su respaldo al Partido Libre, a Manuel Zelaya Rosales y a Rixi Moncada.

Estas declaraciones se dan en el marco del requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público contra Redondo y otros exintegrantes de la Comisión Permanente (legislatura 2022-2026). El expediente involucra a 14 personas y cerca de 21 delitos, entre ellos perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios. El caso gira en torno al decreto que ordenaba un escrutinio general de las actas no contabilizadas.

Desde Libre y desde el propio Redondo se sostiene que “contar votos no es delito”. Argumentan que la Comisión actuó en el marco del artículo 205, numeral 7 de la Constitución, que faculta al Congreso a declarar la elección cuando el órgano electoral no lo hace en tiempo y forma. La bancada ha calificado el proceso como un intento de debilitar a la oposición y de judicializar la defensa de la voluntad popular.

El contraste es el que más peso tiene en la denuncia de persecución: mientras se formulan requerimientos y se abren procesos contra quienes exigieron que se contaran los votos, el sistema de justicia ha otorgado sobreseimientos o ha dejado en impunidad a figuras vinculadas al narcotráfico y a las estructuras del bipartidismo que gobernaron durante años. Redondo y Libre insisten en que se trata de la misma lógica de “la mano para los amigos y la ley contra mis enemigos” que caracterizó periodos anteriores.

El portavoz del Poder Judicial confirmó la recepción del requerimiento y la designación de una jueza natural. Sin embargo, para Redondo y su partido, el fondo del asunto no es técnico: es político. Exigir transparencia electoral se convierte en delito mientras se protege a quienes durante años controlaron instituciones y se beneficiaron de la impunidad.