EE. UU. aplica sanciones de visado a 27 latinoamericanos en nueva muestra de injerencia regional

WASHINGTON, 28 septiembre — El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este lunes la revocación y restricción de visados a 27 ciudadanos suramericanos —entre ellos altos funcionarios judiciales, legisladores y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú— en una nueva demostración de presión diplomática e injerencia directa sobre la política interna de los países latinoamericanos.

La postura Oficial

La medida, articulada bajo la iniciativa hemisférica "Escudo de las Américas" promovida por el secretario de Estado, Marco Rubio, fue justificada por Washington como un mecanismo de combate a la corrupción transnacional y al crimen organizado.

"El mensaje del presidente Trump y del secretario Rubio es claro: los funcionarios corruptos —y los criminales a quienes protegen— no son bienvenidos en Estados Unidos", aseveró el Departamento de Estado en su comunicado oficial.

En el caso de Bolivia, la sanción alcanzó directamente al fiscal general de la República, Roger Mariaca, a quien Washington acusa de presuntamente recibir sobornos para favorecer el narcotráfico. Según la diplomacia estadounidense, las actuaciones del fiscal "ponen en peligro los esfuerzos para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia está trabajando para fortalecer". La lista en este país incluye también al fiscal superior Martín Irusta y a la jueza anticorrupción Albania Caballero.

En Colombia, la medida fue dirigida contra el empresario del sector energético Euclides Torres —señalado por la administración norteamericana por presuntas irregularidades financieras— y contra la senadora del Pacto Histórico, Martha Isabel Peralta Epieyú.

Las acusaciones unilaterales emitidas desde Washington provocaron inmediatas reacciones por parte de los señalados, quienes cuestionaron la falta de pruebas y el uso de sanciones administrativas como herramientas de linchamiento político.

La senadora colombiana Martha Isabel Peralta rechazó categóricamente el dictamen estadounidense y denunció que no fue notificada formalmente por los canales diplomáticos:

"Me enteré por los medios de comunicación de que me habrían retirado la visa de EE. UU. Hasta ahora no he recibido una comunicación oficial ni conozco los motivos de esa decisión. En los últimos meses he enfrentado señalamientos desde distintos sectores y ataques constantes en redes sociales. Confío en que esas versiones no se confundan con hechos probados", manifestó la congresista.

Por su parte, analistas en relaciones internacionales señalan que la política de revocación masiva de visados impuesta por el Departamento de Estado carece de mecanismos de impugnación o debido proceso, funcionando como un instrumento de condena sumaria que busca condicionar el comportamiento de jueces, fiscales y parlamentarios en la región alineándolos a los intereses geopolíticos de la Casa Blanca.