Bukele presume percepción de éxito mientras Latinobarómetro le recuerda que lo ven como dictador

TEGUCIGALPA, 12 octubre — El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó el viernes una lista de 20 indicadores del Latinobarómetro 2026 en los que su país ocupa el primer lugar de América Latina en percepción de seguridad, confianza institucional y satisfacción con servicios públicos. “Luego dicen que es una dictadura 😂”, ironizó.

Latinobarómetro le respondió directamente en X. La organización señaló que la calificación de dictadura no es un ataque editorial, sino el resultado de lo que responde la gente: el 38 % de los latinoamericanos considera que Bukele lidera un régimen autoritario o una dictadura, frente a un 43 % que lo ve como democracia. “En la teoría de la democracia, Ud. es un dictador”, escribió la cuenta oficial. Y añadió: “Está en su poder dejar de serlo”.

Las medidas que sustentan esa calificación están documentadas. Desde marzo de 2022 el país vive bajo régimen de excepción prorrogado de forma continua (más de 50 prórrogas). Se han detenido decenas de miles de personas sin debido proceso. En 2021 la Asamblea controlada por Nuevas Ideas destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y nombró otros afines, que después habilitaron la reelección inmediata prohibida por la Constitución. En julio de 2025, en una sola jornada, se reformó la Carta Magna para permitir la reelección indefinida, ampliar el período presidencial a seis años y eliminar la segunda vuelta electoral.

El resultado es una concentración de poder sin contrapesos efectivos: control de la Asamblea, del Poder Judicial y del Tribunal Supremo Electoral, debilidad de la oposición y restricción de espacios críticos.

Mientras tanto, el experimento del bitcoin —presentado como símbolo de modernidad y libertad económica— ha sido desmantelado paso a paso bajo la presión del Fondo Monetario Internacional. En diciembre de 2024 el gobierno alcanzó un acuerdo de financiamiento por 1.400 millones de dólares con la condición de “mitigar los riesgos del bitcoin”. Un mes después, la Asamblea reformó la Ley Bitcoin: el criptoactivo dejó de ser moneda de curso legal y su aceptación pasó de obligatoria a voluntaria.

En septiembre de 2026, en el marco de la tercera revisión del programa del FMI, el gobierno transfirió la propiedad mayoritaria y el control de la billetera estatal Chivo Wallet a un operador privado, Linguard Labs. Bukele aclaró en X que solo se transfirieron las acciones de Chivo y no la reserva estratégica de bitcoin. El Estado permanece como accionista minoritario. El FMI autorizó un nuevo desembolso de 138 millones de dólares y señaló que las últimas acumulaciones de bitcoin se hicieron con “donaciones privadas” y no con recursos públicos. El organismo indicó que no se prevé acumulación adicional más allá de esas donaciones documentadas.

La percepción de seguridad y de eficiencia del Estado es real y mayoritaria entre los salvadoreños. La erosión democrática también. Latinobarómetro lo dejó por escrito: se puede tener altos índices de aprobación y, al mismo tiempo, dejar de ser una democracia.

Quedan, sin embargo, preguntas sin respuesta clara. ¿Cuántos de los bitcoins adquiridos con recursos públicos en los primeros años del experimento siguen bajo control efectivo del Estado y con qué nivel de transparencia? ¿Qué ocurrió con los fondos y promesas asociados a Bitcoin City, el proyecto anunciado como ciudad futurista impulsada por energía geotérmica que nunca se materializó? ¿Quién se benefició realmente de la infraestructura, los incentivos y los contratos vinculados a la “bitcoinización”? Mientras el gobierno presume percepción de éxito, la rendición de cuentas sobre esos recursos públicos sigue incompleta.