Asfura sanciona la Ley de Justicia Energética que fragmenta la ENEE y abre paso a su privatización

TEGUCIGALPA, 30 septiembre — Tras casi un mes de espera desde su aprobación en el Congreso Nacional, el presidente Nasry Asfura sancionó la denominada Ley de Justicia Energética. Lejos de consolidar la soberanía del sistema eléctrico estatal, la nueva legislación sienta las bases normativas para la división y paulatina privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Desmantelamiento operativo y apertura al capital privado

El eje central del decreto sancionado establece la segmentación de la ENEE en tres entidades independientes: Generación, Transmisión y Distribución. Para diversos analistas del sector, centrales sindicales y organizaciones sociales, esta fragmentación responde a la receta clásica de desintegración vertical previa a la entrega de activos estatales al sector privado.

Además, la ley abre formalmente un “mercado libre” que permitirá a comercializadoras privadas operar directamente en el sistema y faculta a los grandes usuarios e industriales a comprar energía de manera directa, despojando a la ENEE de sus clientes más rentables y dejando a la estatal a cargo de los sectores no rentables o altamente subsidiados.

El contraste entre la narrativa oficial y el impacto real

Durante el acto de firma en Casa Presidencial, el mandatario afirmó que la ley representa “el primer paso para recuperar la empresa”. Sin embargo, el contenido de la reforma promueve licitaciones internacionales y la entrada masiva de agentes privados en la gestión y comercialización del flujo eléctrico.

Cuestionamientos surgidos desde la bancada de oposición y defensores del patrimonio público señalan que la dilación de 29 días para la sanción presidencial sirvió para consolidar el esquema de mercado libre impulsado por sectores empresariales, en detrimento del carácter público del servicio eléctrico.

Riesgo de encarecimiento y pérdida de soberanía

Con el traslado de la normativa al diario oficial La Gaceta, se consuma la reforma que redefine el rol del Estado en la energía. Críticos advierten que la privatización fragmentada de las operaciones y la desregulación de comercializadoras privadas dejará la fijación de tarifas a merced de la especulación del mercado, poniendo en riesgo el acceso universal a la electricidad y profundizando el endeudamiento histórico de la ENEE.