Banco Mundial: Honduras crecerá 3,4 % en 2026 sostenido por las remesas, el segundo más bajo de Centroamérica

TEGUCIGALPA, 10 octubre — El Banco Mundial proyecta que Honduras crecerá 3,4 % en 2026, la segunda tasa más baja de Centroamérica, solo por encima de Costa Rica (3,3 %). El Salvador lideraría con 4,5 %, seguido de Panamá (4,2 %), Guatemala (3,7 %) y Nicaragua (3,6 %).

La cifra es inferior al 3,8 % estimado para 2025. El organismo anticipa una leve mejora a 3,7 % en 2027 y 3,8 % en 2028. El informe es claro: el crecimiento hondureño se sostiene casi exclusivamente en el consumo de los hogares impulsado por las remesas familiares. La inversión privada permanece moderada. Sin los más de 12.000 millones de dólares que envían los migrantes cada año, la economía entraría en una crisis profunda.

A este escenario se suman las decisiones del gobierno de Nasry Asfura. El presidente del Banco Central, Roberto Lagos, elevó en septiembre la Tasa de Política Monetaria a 6 % (un aumento de 25 puntos básicos) y redujo la emisión monetaria mediante operaciones de mercado abierto, con el argumento de contener la inflación. Estas medidas, aunque presentadas como preventivas, encarecen el crédito y limitan el dinamismo productivo.

En marzo de 2026 el Congreso aprobó la Ley de Empleo a Tiempo Parcial (Decreto 45-2026), que permite jornadas de entre 18 y 32 horas semanales con derechos proporcionales. El gobierno y el sector empresarial la impulsaron como herramienta para reducir la informalidad y generar cientos de miles de empleos. Sin embargo, a cinco meses de su vigencia, los datos oficiales de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social muestran resultados mínimos: apenas 206 contratos registrados en 43 empresas hasta el 30 de julio de 2026 (la cifra subió solo a unos 262 en los meses siguientes). El propio Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), que impulsó la norma, la ha calificado de “fracasada”. Su presidenta, Anabel Gallardo, y su vicepresidenta, María González, reconocieron públicamente que “no produjo los resultados esperados” y que la ley es demasiado burocrática, por lo que el gremio empresarial ya prepara una nueva propuesta de reformas para presentarla al Congreso. A estas críticas se suma la postura de diversos sectores laborales y sindicales, quienes sostienen que este tipo de legislación va en contra de los derechos fundamentales de los trabajadores, beneficiando exclusivamente la explotación laboral y los intereses de los empleadores en lugar de garantizar un empleo digno.

En el sector eléctrico, Asfura sancionó a finales de septiembre la Ley de Justicia Energética, que reorganiza la ENEE en una matriz y tres subsidiarias de generación, transmisión y distribución. Aunque el texto mantiene la propiedad estatal del 100 % de las acciones, críticos —entre ellos el exministro Erick Tejada— sostienen que abre la puerta a una privatización escalonada de activos estratégicos valorados en más de 116.000 millones de lempiras.

Finalmente, en febrero de 2026 el gobierno eliminó o reestructuró instituciones y programas creados o fortalecidos en la administración anterior, entre ellos la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Red Solidaria y el Programa de Acción Solidaria (Proasol). El Ejecutivo argumentó reducir duplicidades; la oposición y organizaciones sociales lo calificaron como desmantelamiento de la red de protección social.

Mientras El Salvador y Panamá avanzan con mayor inversión pública y mejores condiciones de seguridad, Honduras mantiene un modelo anclado en las remesas. El Banco Mundial identifica los mismos obstáculos de siempre: baja productividad, informalidad elevada, vulnerabilidad climática y débil infraestructura digital. El país sobrevive gracias al trabajo de los hondureños en el exterior, no por una política económica que genere empleo formal, valor agregado o resiliencia interna.