STENEE cuestiona aumento en tarifa de Útila tras historial de respaldo a la privatización del sector
El rechazo del sindicato al alza de más del 33% impuesta por la CREE abre el debate sobre el impacto a largo plazo de los esquemas de concesión y reestructuración privada que han fragmentado el sistema energético nacional.

Fuente: Declaraciones del STENEE, resoluciones tarifarias de la CREE e historial de reformas al sector eléctrico en Honduras
TEGUCIGALPA, 24 septiembre — El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar, manifestó públicamente su rechazo al incremento de más del 33% en la tarifa de energía eléctrica en la isla de Útila, autorizado por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) a favor de la empresa privada Útila Power Company (UPCO).
Si bien la postura del dirigente sindical busca señalar el impacto económico sobre las familias insulares frente a cobros que rozan los 15 lempiras por kilovatio-hora, el caso reaviva el debate sobre la trayectoria histórica de la dirigencia del STENEE frente a los procesos de apertura y privatización del sector eléctrico en Honduras.
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El rol sindical en las reformas y cogestiones privadas A lo largo de los sucesivos procesos de reforma energética —incluida la Ley General de la Industria Eléctrica y la entrada del consorcio Empresa Energía Honduras (EEH)—, la cúpula sindical encabezada por Aguilar respaldó activamente esquemas de reestructuración, fideicomisos y participaciones accionarias privadas bajo la premisa de la «modernización» de la estatal. Estos mecanismos facilitaron la fragmentación de la ENEE y la delegación de servicios esenciales al capital privado en diversas regiones del país.
Las consecuencias del modelo de concesiones La vulnerabilidad tarifaria que hoy afecta a la comunidad de Útila evidencia las limitaciones del modelo de mercado en servicios básicos. Aunque la dirigencia del STENEE cuestione hoy las alzas autorizadas por los entes reguladores, diversos sectores señalan que la protección real de los usuarios pasa por superar la lógica privatizadora que el propio sindicato acompañó en el pasado y avanzar hacia una recuperación integral del carácter público de la energía.
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