Requerimiento contra Luis Redondo y ex comisión permanente contrasta con sobreseimientos a Ardón y JOH

TEGUCIGALPA, 20 octubre — El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal ante la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo Guifarro, y otros exintegrantes de la Comisión Permanente por actuaciones vinculadas a la crisis política y electoral de finales de 2023, incluyendo el impulso de un decreto que ordenaba un nuevo escrutinio general de las actas.

Según confirmó el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, entre los delitos señalados figuran violación de los deberes de los funcionarios, usurpación de funciones y, en el caso de Redondo, también perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones. La magistrada Anny Belinda Ochoa fue designada como jueza natural. El proceso involucra a al menos 13 personas, entre ellas Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Osman Chávez y Edgardo Casaña.

El caso se enmarca en decisiones de la Comisión Permanente, como la designación interina de autoridades del Ministerio Público en noviembre de 2023 y acciones posteriores relacionadas con el proceso electoral de 2025, que sectores de la oposición y organizaciones de sociedad civil calificaron como extralimitación de facultades.

El requerimiento llega semanas después de que la justicia hondureña otorgara sobreseimiento definitivo a figuras vinculadas a estructuras de narcotráfico y poder político. En agosto de 2026, Alexander “Chande” Ardón, exalcalde y confeso ante tribunales de Estados Unidos de participación en 56 asesinatos y tráfico de cientos de toneladas de cocaína, fue absuelto en Honduras del delito de lavado de activos por inconsistencias en la pericia financiera del Ministerio Público. En septiembre de 2026, Juan Orlando Hernández recibió sobreseimiento definitivo en el caso Pandora II (fraude y lavado de activos) al no acreditarse trazabilidad de fondos hacia su campaña de 2013, a pesar de su condena previa en Estados Unidos por narcotráfico.

Mientras la Comisión Permanente y sus integrantes enfrentan requerimientos por decisiones institucionales relacionadas con el escrutinio electoral y el funcionamiento del Legislativo, los procesos contra Ardón y Hernández en materia de lavado y fraude concluyeron con el archivo definitivo de las causas en sede nacional. Sectores críticos señalan selectividad en la aplicación de la ley; otros sostienen que cada expediente debe evaluarse según las pruebas presentadas en cada caso.