Retornan ejecuciones extrajudiciales en Colombia a dos meses del gobierno de De la Espriella

Organismos de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo exigen explicaciones al gobierno de ultraderecha tras la denuncia de tres casos de "falsos positivos" y represión policial en Santa Marta, Bogotá y el Meta.

Por Redacción Necedad·hace 2 h29 de sept de 2026, 09:09 a. m. · Actualizado 29 de sept de 2026, 09:18 a. m.

Carolina y Franklin Quintero, hermanos de Ricardo Martínez, permanecen junto al ataúd de su hermano en Santa Marta, el 25 de septiembre de 2026. Santiago Mesa, ELPAIS

Fuente: Denuncias de Indepaz, pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo de Colombia y monitoreo periodístico de Agencias

BOGOTÁ, 29 septiembre — A menos de dos meses de haber asumido la presidencia de Colombia, el gobierno del ultraderechista Abelardo de la Espriella enfrenta severas críticas por el resurgimiento de ejecuciones extrajudiciales —conocidas en el país como "falsos positivos"— y un marcado incremento en la violencia de la fuerza pública contra la población civil.

Tres casos emblemáticos encienden la alarma nacional

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Las denuncias giran en torno a tres hechos recientes que han generado indignación popular e intervenciones de los organismos de control:

Ricardo Rodríguez Martínez: Un joven de 18 años, jornalero agrícola en la zona rural de Santa Marta, fue presentado por la policía como un combatiente caído en un operativo contra estructuras armadas ilegales. Su madre, Marelvis Rodríguez, desmintió la versión oficial denunciando que su hijo era un trabajador campesino sin vínculo alguno con grupos criminales.

Donovan Balanta: Un ciudadano afrodescendiente desplazado que fue detenido, golpeado y torturado hasta la muerte por agentes policiales en Bogotá. Videos difundidos por medios locales muestran el uso desproporcionado de la fuerza y pistolas eléctricas por parte de siete agentes. La Defensoría del Pueblo señaló que la agresión podría obedecer a un patrón de discriminación racial.

Luis Carlos Mojica Guzmán: Campesino del municipio de La Macarena, en el departamento del Meta, reportado como desaparecido tras una intervención militar. La Junta de Acción Comunal local y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunciaron que el Ejército lo ejecutó y ocultó su cuerpo.

Retorno a la doctrina del espectáculo represivo

Estos crímenes ocurren bajo la implementación de una política de seguridad caracterizada por el despliegue punitivo y la espectacularización del castigo. De la Espriella ha centrado su discurso público en la exhibición mediática de capturados, apariciones portando armas de fuego y la proclama del eslogan "Por la razón o por la fuerza. ¡Viva Cristo Rey!".

Organizaciones sociales advierten que esta retórica de mano dura y militarización promueve un entorno de impunidad que incentiva abusos sistemáticos por parte de la fuerza pública en las zonas rurales y los sectores vulnerables del país.

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