Diez instituciones estatales concentran más del 70% del presupuesto de Honduras
Análisis económico advierte una severa rigidez fiscal en el Presupuesto General, donde el pago de la deuda pública y el gasto corriente absorben la mayoría de los recursos, limitando la inversión productiva.

Fuente: Redacción NM
TEGUCIGALPA, 28 septiembre — Una marcada centralización en la asignación de los recursos públicos caracteriza el Presupuesto General de la República en Honduras, donde apenas diez instituciones estatales absorben más del 70% de la masa presupuestaria total, restringiendo el espacio fiscal para la inversión social y el desarrollo productivo.
Rigidez presupuestaria y distribución del gasto
De acuerdo con evaluaciones de economistas e instituciones dedicadas al monitoreo fiscal, la estructura presupuestaria se encuentra severamente condicionada por compromisos ineludibles. Entre las entidades con mayor asignación de fondos destacan la Secretaría de Finanzas (SEFIN) —impulsada primordialmente por el Servicio de la Deuda Pública—, seguida por las secretarías de Educación, Salud, Seguridad, Defensa, e Infraestructura y Transporte (SIT), así como entes descentralizados como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Impacto en el desarrollo y la inversión pública
Esta concentración del gasto deja un margen reducido para sectores clave como el desarrollo agrícola, la ciencia, la tecnología y el fortalecimiento de los gobiernos locales fuera de los principales centros urbanos. Especialistas advierten que la preponderancia del gasto corriente y los compromisos financieros ahogan la capacidad estatal para ejecutar inversión de capital con impacto directo en la generación de empleo y la reducción de la pobreza.
Desafíos para la sostenibilidad fiscal
Analistas económicos coinciden en que la rigidez de la estructura fiscal limita la respuesta del Estado ante choques externos y emergencias sociales. Frente a este panorama, recomiendan una reestructuración del perfil de la deuda, mayor eficiencia en la ejecución del gasto y una reorientación estratégica de los recursos hacia proyectos productivos que impulsen el crecimiento económico del país.
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